El Forjista
Mayo de 2006
Las catástrofes que están asolando al mundo en los últimos años, son consecuencia directa del envenenamiento del Medio Ambiente por parte de las empresas que actúan al margen del control de los gobiernos y las leyes. La mayoría de los gobiernos parecen preocuparse más por defender los intereses de esas empresas antes que cuidar la vida de sus electores.
Tanto gobiernos como empresas no dudan por un instante, en evadir toda ley que les signifique reducir sus beneficios, aún cuando esto implique envenenar el aire y el agua.
Aún en aquellos lugares, como Europa, donde existe una mayor conciencia en la defensa del Medio Ambiente, no tienen ningún problema en exportar las industrias contaminantes a lugares como Sud América y Africa.
En este contexto no puede sorprender que un gobierno no sea capaz adoptar decisiones soberanas porque es prisionero del poder de las multinacionales, tampoco que un gobierno supuestamente progresista, luego de asumir, adopte decisiones que bien pudieran haber tomado sus antecesores liberales y conservadores.
El gobierno de Uruguay presidido por Tabaré Vazquez es un claro ejemplo de lo que estamos señalando, al mostrarse impotente para imponer a las empresas Botnia y Ence una paralización de las actividades por el plazo de 90 días, para la búsqueda de una salida negociada al conflicto que involucra a Uruguay y Argentina.
También es cierto que el actual gobierno uruguayo está maniatado por los leoninos contratos firmados por el presidente anterior, Jorge Batle, el mismo que calificara de “manga de ladrones” a los argentinos, para luego actuar ante las cámaras de televisión con falsas lágrimas, para arrepentirse de lo que había dicho cuando creía que las cámaras estaban apagadas.
Tampoco debemos olvidar que Tabaré Vazquez fue muy crítico con la instalación de las multinacionales productoras de pasta celulosa en la campaña electoral, para pasar a apoyarlas abiertamente en una vez en el gobierno. De igual manera, el presidente uruguayo es crítico del MERCOSUR, a la vez que mantiene excelentes relaciones con los Estados Unidos.
Pero este comportamiento por parte del gobierno uruguayo no excluye de responsabilidad al gobierno nacional y a los provinciales de esta parte del Río de la Plata y Uruguay.
La inacción de los gobernantes argentinos quita autoridad moral y jurídica para reclamar por la instalación de las multinacionales contaminantes en el Uruguay. Los argentinos no seremos creíbles si no cuidamos el Medio Ambiente en nuestro propio territorio.
No fueron los uruguayos quienes contaminaron el Riachuelo y el Río Matanza, nadie controla a las empresas que continúan arrojando desechos a los ríos sin que los gobiernos municipales, provinciales y nacional muevan un dedo para terminar que este descalabro ecológico.
A poca distancia de la Casa Rosada se encuentra el Polo Petroquímico de Dock Sud que envenena silenciosamente el aire, provocando la muerte de algunos vecinos, sin que los políticos se conmuevan por esta situación.
Mientras tanto en provincias como Salta y Chaco, el desmonte indiscriminado, con la complicidad de los gobiernos provinciales y la pasividad del nacional, está provocando las inundaciones que castigan principalmente a los pobladores de menores recursos que ven arrasadas sus escasas pertenencias.
La lucha del pueblo entrerriano y en particular la de los habitantes de Gualeguaychú, debe servir para que todos los argentinos, pero en particular los gobernantes, aprendamos de una vez por todas, que la vida es siempre más importante que las ganancias de las multinacionales.