La Cámara de Diputados pareció en los últimos días la película “La noche de los muertos vivos”. Quienes hicieron trisas el sistema previsional como, por ejemplo, los diputados Elisa Carrió y Luciano Laspina hacían cola para defender a los pobres viejitos. Solo faltaba Eduardo Amadeo, que bueno es recordar su actitud patoteril ante sus colegas en oportunidad de la modificación de la movilidad jubilatoria impuesta durante el gobierno de Macri, para que la puesta en escena sea completa. Los que le prometían a los jubilados que le ganarían a la inflación a sabiendas que perderían – como finalmente ocurrió en 2018 con una pérdida cercana al 20 por ciento - ahora se negaban a darle las herramientas necesarias a un gobierno que anunciaba medidas que benefician a 9 millones de personas. Incluso llegamos al paroxismo cuando el diputado Laspina habló de jubilados de primera y jubilados de segunda por los que ganan menos de 19.068 pesos que recibirán bono y los que ganan más de esa cifra. Justamente él hablando de esa discriminación cuando fue quien promovió que en la Argentina macrista convivieran tres mínimas jubilatorias: los que cobran el 82 por ciento del SMVM, los que cobran la mínima secas y los de la PUAM que cobran el 80 por ciento de la mínima.

A pesar de lo patético de las expresiones de quienes fueron los responsables de la más impactante pérdida de derechos que sufrió en sistema previsional en toda su rica historia, el proyecto de ley finalmente fue ley. En dos artículos de dicha ley, el 55 y el 56, se tomaron distintas medidas en materia previsional, a saber: a) se suspendió la movilidad jubilatoria del régimen general por 180 días, b) el Poder Ejecutivo fijará los próximos dos aumentos por decreto, c) el compromiso del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley para rehacer un nueva fórmula de movilidad, d) se crea una comisión de expertos para que analicen los regímenes especiales y de privilegio.

Todo hacía suponer que la intención del gobierno era restringir los ingresos de los beneficiarios, pero en la media tarde un par de tweets de Alberto Fernández despejó las dudas al expresar que “durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de la jubilaciones”, agregando en el siguiente “hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”. Estas manifestaciones transformaron en letra muerta la suspensión de la movilidad antes de que sea ley.

Para completar el revuelo legislativo, el presidente vía tweet informó que prorrogará las sesiones extraordinarias y que en los próximos días enviará un proyecto de ley mediante el cual se propone derogar los dos regímenes de privilegio que se encuentran vigentes: el del servicio exterior y el del Poder Judicial. Con esto se reduce y simplifica significativamente la labor de la mencionada Comisión de expertos.

En paralelo a todas estas cuestiones conviene resaltar que lo más importante pasó por fuera del texto de la ley, con la implementación de un bono de 10.000 pesos pagadero en dos cuotas de 5.000, una en diciembre y otra en enero de 2020, que cobrarán quienes tienen una jubilación o pensión mínima como único ingreso, Asimismo, aquellos que perciben más de la mínima pero menos de 19.068 pesos cobrarán un complemento que eleve su haber a ese monto, de manera que una persona que cobre, por ejemplo, 17.000 pesos se le adicionará un bono de 2.068 pesos. Por otro lado, tendrán derecho al bono integro quienes cobran las PNC por discapacidad, que suman algo más de un millón de personas, otras 300 mil PNC correspondientes a madres de 7 o más hijos y unas 160.000 personas que reciben la PUAM, lo cual suma un universo de casi 5 millones de personas. Además de este universo, tendrán derecho a percibir 2.000 pesos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que suman aproximadamente unos 4 millones de niños. Por lo tanto, el total de quienes se verán beneficiados por esta medida alcanzará a alrededor de 9 millones de personas.

El resto de los jubilados y pensionados que ganan más de 19.068 pesos no percibirán nada, aunque es bueno aclarar que nada perderán tampoco ya que los haberes tuvieron la última actualización en diciembre como fija la movilidad en este momento y el próximo incremento tendrá que ser en marzo y si como todo hace suponer supera o iguala el 11,54 por ciento ya previsto no habrá nada que reclamar.

A los incrementos mencionados corresponde sumar algunos beneficios indirectos como la rebaja en el precio de los medicamentos de un 8 por ciento; la implementación del plan REMEDIAR, la carrera contra reloj de la puesta en marcha del plan de entrega de los medicamentos gratuitos por parte del PAMI y la suspensión por 180 días de cualquier incremento de las tarifas públicas.

De la simple lectura de quienes son los que se beneficiarán por las medidas que impulsa el gobierno, ninguna duda cabe que son claramente aquellos que más necesitan de este auxilio. Podrá argumentarse que aquellos que ganan un poco más también tienen necesidades insatisfechas y seguramente quien lo diga tendrá razón, pero lo que no se puede negar que en una situación de fragilidad económica como la que vivimos un esfuerzo de estas características es realmente encomiable.