Nuestra historia es generosa en aberraciones judiciales –y parajudiciales–, pero habría que hurgar mucho en el pasado hasta hallar un nivel tan alto de descaradas violaciones constitucionales y convencionales como el que lucen sin pudor las decisiones que mantienen presa a Milagro Sala desde hace 933 días, en una “cárcel individual” disfrazada de “domicilio”, incumpliendo medidas internacionales y ante la indiferencia de las máximas instancias federales.

Ante todo, a ningún gobernador se le había ocurrido que su mayoría legislativa sancionase una ley ampliando el número de miembros de su tribunal máximo y, días después, nombrase jueces en esas nuevas vacantes a los diputados de su partido que habían votado esa ley y los colegas de los legisladores-jueces les prestasen el acuerdo.

A esto cabe agregar –sin detalle, porque sería largo–, la lista impresionante de parientes en una exhibición nepotista pocas veces vista.

Realmente, todo parece regirse según un asombroso principio de governance, digno de profundo análisis por parte de los politólogos, que puede resumirse en la frase si tengo poder lo hago. Por cierto, no es del todo ajeno a esta governance el triste ejemplo del gobierno federal.

Las increíbles violaciones a la Constitución y a la Convención Americana que sin inmutarse comete la llamada justicia provincial, emulan el mejor realismo mágico de García Márquez: se acusa a Milagro de defraudación y se le inventa una asociación ilícita, pero quienes deben decidir en plenario rechazan nada menos que la prueba pericial que debería establecer si hubo un faltante.

De los cincuenta testigos propuestos en esa causa, rechazan a casi todos y, para colmo, es tan pobre la imaginación que lo hacen plagiando a la letra a un tribunal federal. No sólo rechazan in limine las recusaciones (o sea que los impugnados deciden que las impugnaciones carecen de fundamento), sino que también sancionan a los abogados por plantearlas y los amenazan con cancelarles la matrícula. Como si esto fuese poco se receptan falsos testimonios de empleados del gobierno que mienten ocultando esa condición. Por las dudas se inventan fiscales “ad hoc”, no sea que alguno conserve algún escrúpulo.

Esta es la situación en la causa que se conoce como pibes villeros: violación flagrante del derecho de defensa, privación de pruebas, amenazas a los defensores. Cabe recordar que el art. 8, 2, f de la Convención Americana incorporada a la Constitución garantiza el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Si se supone que quienes deciden rechazar pruebas leyeron este texto, parece que en este caso decidieron apagar la luz, cosa que a veces se hace para otros menesteres, pero nunca para juzgar.

En la causa que llaman “balacera de Azopardo”, un preso involucrado en una tentativa de homicidio que había prestado declaración indagatoria sin mencionar para nada a Milagro, obtuvo el beneficio de una prisión domiciliaria inmediatamente después de declarar –siete años después del hecho– que Milagro era instigadora de la tentativa. No hay otra prueba contra Milagro, no obstante, el diligente instructor dispuso la prisión preventiva efectiva de Milagro, obviamente sin dar razón de la necesidad de la medida.

En diciembre de 2009, cuando por esa tentativa de homicidio estaba procesado el que ahora afirma que Milagro era instigadora y cuando nada obraba en los autos contra ella, el expediente desapareció. Diez años después un sujeto vinculado el Ejecutivo declara que Milagro fue la instigadora de esa sustracción y, por supuesto, el instructor diligente procesa a Milagro.

En otra causa, un automóvil se detuvo delante de la casa de una testigo y sus ocupantes la amenazaron verbalmente, desapareciendo de inmediato, sin que consten placas ni se individualice a los responsables, pero el diligente instructor procesa a Milagro por instigadora. Lo curioso es que Milagro llevaba un año y ocho meses presa.

En síntesis: Milagro tiene el extraordinario poder de ser instigadora de todos los delitos que se cometen en la Provincia de Jujuy, es decir, de determinar la conducta de cualquier habitante que cometa un delito. Aún no se les ha ocurrido imputarle autoría, pero no faltará algún genio penalístico que lo haga, pervirtiendo cualquier teoría alemana que, por supuesto, nunca haya leído en serio.

Todo ejercicio de poder tiene un objetivo que puede ser positivo, ético y lícito, o bien perverso, inmoral o ilícito. Pero cuando carece de objetivo y sólo le resta como motivación la venganza y el odio desenfrenado, produce repugnancia y asco.

El principal objetivo político se obtuvo: se escarmentó a los pobres de su injusta sociedad estratificada para que continúen siendo los parias de esa sociedad, de modo que todos los demás puedan con comodidad ilusionarse con ser superiores.

La clase privilegiada local ya advirtió suficientemente que no ha de permitir que ninguna mujer, india, morena y pobre, se atreva a organizar a los parias para que dejen de serlo, para que tengan escuelas, viviendas, plazas, médicos, dignidad. Ya todo el resto de esa sociedad puede volver a considerarse superior, lindos, limpios y cultos frente a los parias inferiores, feos, sucios e ignorantes. Ya está cada uno en su lugar, conforme al tradicional esquema discriminatorio, machista, clasista y racista.

¿Por qué sigue presa? Me atrevo a imaginar que es porque se han metido en una cuestión histórica sin salida y en la que se hunden cada vez más, sin atinar a resolverla.

A estas alturas deben comenzar a darse cuenta que cada día cincelan más el futuro monumento a Milagro, que el bronce de su piel se convierte en metal para la historia, mientras ésta también talla en piedra el nombre de sus perseguidores, pero en el triste lugar destinado a los profetas del odio.

¿Acaso intuyen este destino? ¿Milagro en el bronce, asociada al odio de los poderosos recordados como perseguidores en la trastienda de la historia? Es claro que cuanto más victimicen a Milagro, más los hundirá la historia en el capítulo destinado al registro de la crueldad gratuita.

Cuesta pensar que mientras el Papa condena la pena de muerte (L’Osservatore Romano, 1º de agosto), esta venganza ciega quiere quebrar a Milagro, enfermarla, llevarla a la destrucción psíquica y en último caso, sin tapujos a provocarle la muerte.

Los humildes nunca olvidan: no olvidaron al Presidente Yrigoyen, encarcelado en Martín García y saqueada su humilde vivienda de la calle Brasil, el mismo que sancionó el código que abolió la pena de muerte. No deberían olvidarlo quienes dicen pertenecer a su viejo partido. Tampoco los humildes olvidaron a Evita, pese al repugnante viva el cáncer. Y tampoco olvidarán a ninguna de las víctimas del odio oligárquico que renace en esta pesadilla presente.

Milagro superará la tortura de una “cárcel individual” y sus perseguidores, al igual que quienes se enfundan en togas disponiendo arbitrariedades y los que desde tribunales más altos simulan estar distraídos, también serán recordados, pero en el lugar que les corresponde: en el lúgubre círculo destinado a mantener viva la memoria de las aberraciones de los privilegiados: Virgilio los mostrará en ese lugar, aunque no lo señale a ningún divino poeta que con tan alto vuelo ante esa penosa visita.

Desde lo jurídico, es decir, desde el deber ser, correspondería la intervención federal al gobierno de la Provincia de Jujuy por no garantizar su administración de justicia (artículo 5º constitucional), como también considerar la responsabilidad de los que están tomando parte en esta privación ilegal de libertad.

Es más que obvio que este deber ser jurídico es políticamente imposible, pero sólo los necios creen que las imposibilidades políticas son eternas, cuando nada hay en este mundo terrenal que sea eterno y, por cierto, pocas cosas son más escurridizas, coyunturales y pasajeras que el poder político. ¿Dónde quedó la soberbia del bigotón Uriburu, de los gorilas fusiladores, de los genocidas de la última dictadura? Heráclito lo sabía: todo fluye.