En 2019, Vicentin exportó 10,03 millones de toneladas de cereales, aceites y subproductos vinculados a la soja. Según las estadísticas de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, es la primera exportadora de aceites del país. La empresa es un “monstruo” del sector, con plantas en Avellanada, San Lorenzo y Ricardone, capacidad de almacenamiento y molienda, una terminal portuaria propia; además posee producción de biocombustibles en asociación con Glencore, Oleaginosa Moreno y Molinos Río de la Plata y frigoríficos.

En los últimos años, fue de las cerealeras que más incrementó su facturación: cuando el promedio de las principales 200 empresas del país lo hizo en un 51 por ciento, Vicentin incrementó sus ventas en un 83,8 por ciento. 

Pero algo salió mal, aunque no fue un accidente. La empresa entró en default en diciembre del año pasado, a pesar de haber recibido multimillonarios préstamos del Banco Nación para la prefinanciación de exportaciones: el dinero se había fugado hacia otro destino. Y en esa cesación de pagos dejaron aproximadamente a 2.600 productores en la lona y pusieron en riesgo a 2.100 trabajadores de la industria aceitera, 1.000 puestos vinculados al sector algodonero y otros 2.050 de la planta frigorífica.

En este contexto, la intervención del Gobierno nacional vía DNU y el envío de un proyecto de ley para expropiar la empresa de las familias Padoan, Nardelli, Buyatti y Vicentin se convirtió en una cuestión estratégica.  

Así como YPF fue la punta de lanza para plantear la soberanía energética luego de su recuperación en 2012 –proyecto interrumpido por el ciclo macrista donde la petrolera de bandera nacional perdió participación de mercado-, ahora Vicentin podría ser el instrumento del Estado para regular el sector agropecuario. 

Tal como lo definió el Presidente Alberto Fernández, la exportadora y productora de alimentos podría convertirse –bajo la gestión de YPF AGRO- en una “compañía que sirva para dar señales, que sea testigo, en el mercado de los alimentos, con las intenciones de buscar la soberanía alimentaria”.

“Es la medida más importante tomada en el sector en el último medio siglo. Ahora viene lo difícil que es que funcione en favor de la soberanía y seguridad alimentaria del país. Es el primer paso para discutir otra lógica de producción”, sostuvo Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria e integrante del Grito de Alcorta.

«Fue un rápido e inteligente movimiento del Poder Ejecutivo intervenir y salvaguardar el trabajo argentino y la soberanía alimentaria. Apoyamos una decisión que favorecerá el mercado interno, a la regulación de precios y, definitivamente, evitará la extranjerización del comercio exterior de granos, piedra basal de la economía argentina”, agregó Juan Carlos Schmid, titular de la Federación Marítima, Portuaria, y de la Industria Naval (FeMPINRA).

De no haber intervenido a tiempo, la empresa quizás hubiera pasado a manos de alguna internacional, como Dreyfus. Por ende, con su decisión, el Estado nacional también contribuirá a consolidar al grupo de exportadoras de capitales nacionales (aunque altamente concentrado). 

Vicentin representa aproximadamente el 9 por ciento del mercado; como parte de las “señales” de las que habló Fernández, podría cambiar la relación entre productores, acopiadores y exportadores en favor del eslabón más débil. 

Las grandes exportadoras, que son las que deberían pagar los derechos de exportación, suelen descontarles las retenciones a los productores, dueños de los granos. Es decir, nunca les pagan el precio pleno de los cereales y oleaginosas y terminan por financiarle las exportaciones a los grandes jugadores. Si el Estado lograra cambiar esa lógica, mayor sería la presión hacia el resto de los jugadores. Y se le daría respuesta a un tema reclamado por los pequeños productores desde hace años. 

A este (deseable) escenario habría que sumarle un segundo componente: las mismas grandes empresas multinacionales, rara vez pagan en el país de origen lo que deberían ya que utilizan el viaducto de la triangulación de operaciones para beneficiarse. El caso de Vicentin es emblemático. 

Deuda PRO

La deuda financiera con entidades locales y extranjeras asciende a los 63.961 millones de pesos; de este total, casi el 20 por ciento corresponde al BNA y un 30 por ciento con tres bancos internacionales: International Finance Corporation, Netherlandese Finacerings y el ING BANK NV de Tokyo. 

La deuda de la cerealera con el BNA es de 18.300 millones de pesos; tan obsceno fue todo el proceso (con alta cuota de impunidad) que, en noviembre de 2019, cuando Macri ya estaba de salida, Javier González Fraga les “prestó” 5.100 millones, el 32 por ciento de toda la deuda con el banco público. 

Según narró el director del BNA Claudio Lozano a Nuestras Voces en la edición del 26 de enero, cada vez que desde el Banco se interpelaba a la empresa por su manejo financiero, sus dueños amenazaban con hablar directamente con Macri. “Con Vicentin no se metan”, respondía el ex Presidente. Vicentin fue una de las principales aportantes a la campaña de Cambiemos con 13,5 millones de pesos, aporte que concretó a través de las sociedades vinculadas Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A.

¿Qué hizo la cerealera con todo el dinero recibido? Alberto Fernández sostuvo que la intervención y futura expropiación de la empresa no será para “perseguir a nadie” pero que no dejará pasar las tramoyas cometidas. Este jueves, Fernández y los (ahora ex) directivos de la empresa se verán las caras en Olivos. Hay que recordar que sigue abierta la causa penal que tiene como principal imputado a González Fraga, a partir de la cual podría dilucidarse el destino final de esos fondos. 

Soja en fuga

La cerealera es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y otras en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. En 2007, se asoció a Oleaginosa Moreno Hermanos SA, una compañía controlada por la suiza Glencore. Juntas armaron Renova para la comercialización de biosiesel. En 2010 se les sumó Molinos Río de La Plata. La particularidad sobre Vicentin Paraguay es que también controla el 16,67 por ciento del capital de Renova que a su vez tiene vinculación con la suiza Glencore (vía Oleaginosa Moreno Hermanos). 

Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, indicó que la filial Vicentin Paraguay fue denunciada en el poder judicial de ese país por un comité integrado por seis instituciones financieras: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING (es un banco cooperativo), Rabobank, Natixis (de los bancos populares franceses) y Credit Agricole (también es un banco cooperativo).

“Fue denunciada por evasión y lavado de activos; la empresa exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe, Argentina, para procesarlos y luego venderlos como granos paraguayos. Existen sospechas que ello formaría parte de un esquema de evasión fiscal y lavado de activos, para lo cual se aprovecharía Vicentin Argentina SA de esta situación fiscal para pasar como granos paraguayos lo producido en Argentina”, sostuvo Heller en declaraciones radiales en la 990 y AM750.

¿Los granos son de Vicentin Paraguay o de la casa matriz en Argentina? Desde hace años, el país vecino incrementa sus registros de exportaciones de soja aunque los números no se condicen con su capacidad productiva. Pero con la “creatividad contable” de los jugadores del sector, todo es posible. 

Las multinacionales agropecuarias “venden” su producción, de manera administrativa, a sus filiales en otros países antes de enviar los granos o aceites o biodiesel al destino final. A partir de esta triangulación logran eludir el pago de impuestos en el país de origen. Es un esquema “legal” pero que genera perjuicios al fisco. Es una forma de obtener una ganancia extraordinaria a partir de los “precios de transferencia”. 

El caso de Vicentin expone como nunca todo lo espurio que existe detrás del gran negocio de las exportaciones agropecuarias.